UNA INJUSTICIA RADICAL

[George Bernard Shaw, el famoso dramaturgo irlandés nacido a mediados del siglo XIX, era, como es bien sabido, un racionalista y un agnóstico que consideraba todos los problemas del mundo de manera fría y «objetiva». Pero era también —y no es atributo de todos los agnósticos— muy inteligente y muy agudo; no cesó de fustigar la hipocresía de la sociedad en que le correspondió vivir.

De su pluma procede el siguiente texto: A nadie, por muy interesante que el dato pueda ser para la ciencia humana, se le permite meter a su madre en un horno porque quiere saber cuánto tiempo sobrevive una mujer a 500º Fahrenheit. Y si lo hiciera, se habría cargado de un golpe no sólo su derecho a conocer, sino también su derecho a vivir y todos sus otros derechos. El derecho a conocer no es el único; su ejercicio ha de adaptarse a los otros derechos.

No viene mal recordar estas palabras al considerar la reciente Ley que recibe el nombre de Reproducción Humana Asistida (RHA). Otra inteligencia preclara de nuestros días —el Dr. Gonzalo Herranz— dice en relación a este engendro jurídico: ...a uno le entra la penosa sospecha de que en nuestro ordenamiento jurídico reciben más protección el lince ibérico, el oso asturiano, la nutria y sus respectivas crías, que los seres humanos embrionarios. (...) Si un hombre de laboratorio pidiera autorización para usar en investigación unas decenas de fetos de osito panda, ¿sería autorizado a hacerlo? No parece que se lo permitirían los activistas de liberación animal ni los miembros de un comité ético de bienestar animal que actuara conforme al Real Decreto 1.201/2005, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos.

Así están las cosas en el ámbito jurídico español contemporáneo... Esta nueva ley RHA es contraria a la vida humana. Es una injusticia radical: así titula Natalia López Moratalla el breve y lúcido artículo que ha publicado en La Gaceta de los Negocios (13-V-2006) y que ahora reproducimos.]

#310 Vita Categoria-Eutanasia y Aborto

por Natalia López Moratalla, Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular
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De manera muy discreta, sin debate publico ni del texto ni de las enmiendas, y envuelta en otros graves problemas y en cortinas de humo, se aprueba en el Congreso en segunda vuelta una ley perniciosa e injusta; una ley que no ha encontrado ya más posibilidades a “despenalizar”.

Hay quien piensa, posiblemente por no haberla leído, que esta ley es prácticamente igual que la anterior del Gobierno socialista de 1988, y casi igual que su reforma del 2003 hecha por el Partido Popular. Muchos creen que sólo se han hecho retoques para aumentar la eficacia técnica y abrir las opciones que garanticen no sólo un hijo, sino un hijo sano. Pero no; la ley es nueva y es otra cosa ya que cambia lo más sustancial. Elimina los presupuestos imprescindibles de una ley que trate de proteger y regular los sistemas tecnológicos dirigidos a asistir la reproducción humana; una ley que regula unas prácticas dirigidas a paliar un problema de esterilidad, no sanado por la medicina, de forma que aunque los hijos no puedan ser engendrados, al menos resuelva el problema interviniendo en su generación.

Un primer presupuesto imprescindible de una ley de RHA es el compromiso absoluto en que el único destino legítimo de todo embrión producido sea la procreación: cada embrión generado debe ser gestado por su madre, o donado para gestación si sus padres no pudieran acogerlo. No pueden “sobrar” y los sobreros abandonarse como meros subproductos. Y mucho menos aún una ley puede legitimar (y pretender ser legítima) procedimientos encaminados a generar seres humanos, embriones humanos, con fines diferentes a la procreación.

Pues bien, con la ley que se acaba de aprobar se despenaliza la generación de cuantos embriones se quieran y para lo que se quieran. Esto es demasiado grave para quedarse tranquilo con un ‘¡No me importa que se legalice: yo no lo voy a hacer!’. Tenemos experiencia de que lo que un día repele como injusto, poco después de despenalizado empieza a percibirse como legítimo.

Hemos pasado de aceptar un método “raro y no natural”, pero útil mientras no se pudiera solucionar el sufrimiento de no poder tener un hijo, a un auténtico “turismo de la reproducción”, que esta ley acoge y protege en su aspecto comercial.