LEGISLAR PARA (NO) CUMPLIR

[Las leyes deben proponer hacer el bien y evitar el mal. Nadie concibe que se pueda legislar queriendo directamente que se haga el mal (eso sí, con etiqueta de "autorizado" por los padres de la patria).

Legislar en el campo bioético puede ser muy conveniente y necesario, pero siempre que las leyes respeten la dignidad de la persona humana, los derechos fundamentales. Legislar mal, además de otras consideraciones de fondo, puede causar a la larga la ruina de un país o de un imperio: por derrumbamiento provocado por la corrupción social imperante, con carta de legalidad. La Historia es maestra de la vida...

El autor de este artículo, analizando lo ocurrido en la legislación española, comenta la idea de que no merece la pena legislar en asuntos de bioética por la predilección que parece sentirse, paradójicamente, hacia leyes que han de gobernar la creación (la reproducción artificial) y otras leyes que gobiernan la destrucción de seres humanos (el aborto, la eutanasia).

El Doctor Gonzalo Herranz, catedrático de Embriología y Anatomía Patológica y experto internacional en cuestiones de Bioética, hace una afirmación sobre la que merece la pena reflexionar. Dice en concreto: "...si uno se atiene a lo ocurrido en nuestro pasado próximo, no merece la pena legislar en asuntos de bioética. Más todavía: me atrevo a sugerir que mejor sería derogar las normas sobre la materia, abandonar los proyectos que están en marcha y regresar a un estado de vacío legal."

Parece legítimo aspirar a un futuro legislativo distinto, que esté presidido por los derechos fundamentales del ser humano. No olvidemos que esos derechos son previos a la misma democracia: la democracia debe, sobre todo, proteger esos derechos y no, por el contrario, atentar contra ellos, prostituyendo la verdadera democracia.

Reproducido de Catholic.net]

#244 Vita Categoria-Eutanasia y Aborto

por Gonzalo Herranz
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Legislar es bueno y deseable, pues las leyes justas aseguran la pacífica convivencia de todos. Sin embargo, no soy capaz de sacudirme de encima la pesimista intuición de que, si uno se atiene a lo ocurrido en nuestro pasado próximo, no merece la pena legislar en asuntos de bioética. Más todavía: me atrevo a sugerir que mejor sería derogar las normas sobre la materia, abandonar los proyectos que están en marcha y regresar a un estado de vacío legal. Parece que la preparación de legislación bioética va a toda máquina. El Consejo de Ministros ha remitido ya a las Cortes un proyecto de nueva Ley de Reproducción Humana Asistida con la recomendación de que sea tramitada lo antes posible. Se prepara con prisa la ley para regular la investigación biomédica. Ha revelado la ministra de Sanidad que le gustaría proponer otra ley más para autorizar la práctica de la llamada clonación terapéutica. Se quiere también ir a una nueva y amplia Ley del Aborto.

Parecen, pues, gozar de predilección las leyes que paradójicamente han de gobernar la creación y la destrucción de seres humanos mediante la reproducción artificial y el aborto. Se nos persuade de que, si queremos ser competitivos y poner en juego nuestro ilimitado potencial intelectual y económico, no se puede diferir la investigación con todas las variantes de células troncales, pues el pueblo español, más que ningún otro en el mundo, cree a ciegas en la ilimitada capacidad de la medicina regenerativa. Veamos algunos ejemplos:

La ley del aborto

España aparecía ya en 1995, según la Agencia Population Action International, entre los 7 países del mundo donde el aborto era libre y seguro. En un país con una ley de primera generación, restrictiva y controlada, ese alto crédito no pudo alcanzarse sin una cierta complicidad política y judicial. Las garantías exigidas por el Tribunal Constitucional para proteger el bien jurídico de la vida del nasciturus se convirtieron en un papeleo burlesco. Desgraciadamente, la complicidad también vino de cierto colegio de médicos: cuando hace unos años, dos médicos fueron condenados por haber practicado abortos contrarios a la ley y a la buena práctica clínica, no sólo fueron aclamados como héroes por ciertos grupos sociales: el presidente del colegio unió su voz al coro libertario que pedía su indulto inmediato, sin haber reparado en el hecho sangrante de que aquellos dos médicos no estaban inscritos ni en el suyo ni en ningún otro colegio de médicos de España. Más cercana en el tiempo es la denuncia hecha por unos periodistas del Sunday Telegraph de la actividad, presuntamente ilegal, de una clínica de abortos de España. Los escalofriantes hechos denunciados exigían una investigación a fondo, detallada. La correspondiente autoridad fulminó en pocas horas un veredicto de actividad plenamente legal y de situación administrativamente correcta.

La Ley de Reproducción Asistida

En un sinnúmero de publicaciones (basta ir a Google y buscar "Nicola Chenery"), se publicó la noticia de que en una clínica española se había practicado, con la ayuda del diagnóstico preimplantatorio, la selección prenatal de sexo. Nicola, una mujer británica, madre de cuatro niños, quería a toda costa tener una niña. Como en el Reino Unido esa práctica no está autorizada, vino a España. Aquí se complació su deseo, a pesar de que la selección de sexo por cualquier otra razón que no sea la de evitar una enfermedad hereditaria grave está prohibida por partida doble: por la Ley 35/1988, que la incluye entre las infracciones muy graves (artículo 20, 2, B, n); y por el artículo 14 del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina.

El proyecto de nueva Ley de Reproducción Asistida

Incluye una larga y muy decorativa lista de infracciones. Confiere las funciones de control e inspección de la materia legislada a las autonomías y ciudades con estatuto de autonomía. Éstas no suelen disponer de personal cualificado para desempeñar con competencia tales funciones, y han demostrado, por lo general, estar más interesadas en fomentar la industria procreática local y en condecorar a sus figuras que en corregir sus presuntas pifias. España, en comparación con los países de su entorno, tiene el récord de inactividad administrativa y judicial en este campo.

Una futura ley de clonación terapéutica

La cosa tiene por delante un camino legal complejo: habrá que cambiar nada menos que el Código Penal y el Convenio de Oviedo. La ministra ha dicho que los reparos éticos a la clonación terapéutica son irrelevantes, y ha añadido, para nuestra tranquilidad, que la futura ley prohibirá con contundencia la clonación reproductiva. Empieza a verse que la terapéutica nada tiene que hacer si no se apoya en la reproductiva.

La cosa parece bastante clara. Si alguien sabe transformar las células troncales embrionarias en células constructoras de tejidos y órganos son los embriones. En eso los Wilmuts y Hwangs, los Cibellis y Stojkovics, las Murdochs y Fishers, todos juntos y con todo el dinero que deseen, no le llegan a la suela del zapato al más humilde de los embriones que crece en el útero de su madre. Lanza se ha dado cuenta de dónde buscar la solución: clona, de momento, embriones de ratón; pero, en vez de devanarse los sesos para domar células troncales embrionarias in vitro, transfiere los embriones clonados a madres que los gestan por 11 a 13 días (lo que equivale a 8 a 12 semanas de gestación humana). La disección de esos embriones proporciona células progenitoras de tejidos y órganos, estables, comprometidas, expansionables.

La clonación terapéutica vislumbra así su trágico destino: parece necesitar de la clonación reproductiva y del subsiguiente aborto programado. Eso en experimentación animal es duro, pero tolerable. En seres humanos es otra cosa. Una sociedad necesita tener un corazón de piedra para aprobar una ley de clonación que, para beneficio de otros, degradara al embrión hasta convertirlo en mero repositorio de células troncales y a la mujer en un subrogado tanque de cultivo. Y eso para curar a los poderosos de este mundo que puedan pagárselo. Los hombres comunes, gracias a Dios, no podremos.